Pronunciamiento de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación sobre el Acuerdo por el cual se emitió el formato de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses
Los integrantes de la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación, en el marco de la Primera Asamblea Plenaria de 2019, celebrada este 8 de febrero en la Secretaría de la Función Pública, hacemos un respetuoso pronunciamiento acerca del Acuerdo por el cual se emitió el nuevo Formato de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses y sus normas, aprobado en el seno del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2018:
Para la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación son prioritarios los nuevos Formatos de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses así como sus normas; y consideramos como fundamental que dichos formatos sean útiles para la adecuada investigación de la evolución patrimonial de los servidores públicos.
Reconocemos la labor del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del SNA en el diseño, elaboración y publicación de dicho Acuerdo.
Compartimos el posicionamiento de la Secretaría de la Función Pública, expresado por su Titular en la sesión ordinaria del Comité Coordinador del SNA sobre el citado Acuerdo. Ahí, la Secretaria Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros señaló una serie de consideraciones técnico-jurídicas que, de no revisarse, no solo obstaculizarán la implementación de los nuevos formatos de declaración patrimonial y de intereses en la fecha establecida en el Acuerdo, sino que también se pone en riesgo la utilidad de estos formatos para detectar el enriquecimiento ilícito de las personas servidoras públicas. Entre los aspectos relevantes a revisar se señalaron los siguientes:
No toma en cuenta los requerimientos técnicos y de personal necesarios para el uso, manejo y almacenamiento de la información proporcionada. Tan solo en la Administración Pública Federal, se estima que la cantidad de servidores públicos que estarán obligados a presentar estas declaraciones pasará de 250 mil a 2 millones. Adicionalmente de los millones que se incorporarán en los Estados y Municipios.
No se establece el mecanismo a través del cual se firma la declaración, que garantice la validez del envío de la misma.
Las características del formato publicado se refieren únicamente a la declaración inicial, cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla tres tipos de declaraciones (inicial, modificación y conclusión).
No permite manifestar de forma expresa la no aplicabilidad de varios rubros del formato (no incluye la opción “no aplica” o “ninguno”).
No se establece cuál instancia del SNA estaría facultada para la interpretación de las normas publicadas.
Existen incongruencias entre el instructivo y los formatos respecto a la información que deberá proporcionar el declarante.
Se solicita al declarante una gran cantidad de información que podría obtenerse con una mayor coordinación entre autoridades gubernamentales.
La segmentación de los servidores públicos en tres diferentes grupos es ambigua y no atiende al nivel de riesgo de corrupción de los puestos. Lo que conlleva a que servidores públicos que desempeñan tareas operativas o sin ningún riesgo de corrupción tengan que llenar un formato de 781 campos.
Manifestamos nuestra voluntad y disposición de colaborar con el Comité Coordinador del SNA en la revisión de los nuevos formatos, con el fin de realizar una adecuada implementación de los mismos, que contribuya a prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito y el conflicto de interés.
Con lo anteriormente expuesto, ratificamos nuestro compromiso por la transparencia y la rendición de cuentas, así como por el combate a la corrupción.
Fuente: Comision de contralores